Según revelan las estadísticas oficiales de Bolivia, siete de cada diez mujeres sufren una forma de violencia en sus hogares. De acuerdo con el informe publicado por ONU Mujeres, Bolivia es uno de los países donde el sexo femenino es el más desfavorecido en materia de educación y de acceso a los servicios sanitarios. Por ello, estos aspectos son especialmente pertinentes para la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres.

Sanidad, educación y derecho a vivir sin violencia

Mejorar el acceso de las personas más desfavorecidas a los servicios sanitarios y educativos; reforzar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y a participar en la vida política, estas son las líneas maestras del programa «Mejora de los servicios municipales» de la COSUDE en Bolivia.

Los diferentes proyectos se concentran en la región andina. Afectan a 120 municipios rurales y 15 pueblos, es decir a alrededor de 1.300.000 mujeres y 1.720.000 jóvenes. El objetivo es, entre otros, la creación o el refuerzo de 120 centros de escucha y atención, 120 redes para las víctimas de la violencia doméstica, así como la puesta en práctica de 200 iniciativas para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito legal.

Progresos significativos en ámbito jurídico

En la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, ratificada en 2009, los derechos de las mujeres están explícitamente reconocidos en más de 30 artículos. Con posterioridad se han promulgado varias leyes para favorecer la igualdad de género. En especial, la Ley 1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica se convirtió en una cuestión de interés público, un problema que hasta entonces se había considerado privado. Esta ley establece la política estatal en el marco de la violencia doméstica y las sanciones reservadas a sus autores para proteger a las víctimas, sin olvidar las medidas de prevención.

Además, en 2012 se ratificó la ley contra el acoso y la violencia hacia las mujeres que ocupa puestos en la función pública, después de 11 años de negociaciones en el Parlamento. Por medio de sus organizaciones contrapartes, la COSUDE participó activamente en la concepción y en la difusión de esta ley. La presencia de mujeres en los puestos municipales de relevancia ha aumentado significativamente (de 19% en 2004 a 43% en 2010). Pero las candidatas y elegidas de los partidos y de las organizaciones de la sociedad civil han sido impunemente agredidas, tanto verbal como físicamente. Esta violencia política desmotiva a las mujeres a participar y, en este sentido, representa un gran déficit democrático.

A pesar de estos significativos avances, hoy en día las leyes adoptadas aún no se han traducido en acciones concretas. Las razones de ello son, entre otras, que ciertas prácticas culturales discriminatorias están muy enraizadas. Uno de los problemas principales es que los hombres no se sienten afectados por esta cuestión, de ahí la importancia de implicarlos en los procesos de reflexión relativos a las relaciones entre hombres y mujeres.

Los hombres como aliados del cambio

La transformación de los papeles socialmente establecidos y, por tanto de las relaciones de poder, es fundamental para luchar contra la violencia.

Es esencial que los hombres se impliquen en el proceso de reflexión sobre su papel y el de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida: familiar, económico, social, cultural y político.
Para ello, el programa de la COSUDE propone trabajos de reflexión sobre la construcción de la «masculinidad». Sobre la base de estas reflexiones comunes se elabora la gestión práctica que permite la creación de una sociedad más justa y más equitativa. Para que los hombres se transformen en agentes de cambio de las relaciones de género es necesario aliarse con ellos tanto en ámbito urbano, suburbano y rural.

Por una cultura de la no violencia

La COSUDE ha tratado de contribuir a la transformación de las mentalidades en el ámbito de las prácticas culturales discriminatorias. Su campaña de comunicación «Por una cultura de la no violencia» ha involucrado a 200 periodistas bolivianos (prensa escrita, radio, televisión e internet) para informar y movilizar a la población. Uno de los objetivos era animar a los gobiernos locales a crear o a mejorar los mecanismos de lucha contra la violencia, de prevención y de administración de justicia.