Colombia es, después de Afganistán, el segundo país con mayor número de nuevas víctimas de minas antipersonales y restos explosivos de guerra al año. Sufre de una presencia generalizada de artefactos explosivos debido a más de cincuenta años de conflicto armado, en el que participan diversos actores armados no estatales. Entre 1990 y 2021 se han registrado oficialmente más de 12.000 víctimas (60% militares y 40% civiles; 5% mujeres y 10% niños).

Los incidentes con artefactos explosivos han aumentado tras el Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre la ex guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional, afectando principalmente a los civiles. Los grupos armados ilegales instalan minas antipersonales de carácter improvisado -prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario- como parte de sus estrategias para combatir a la Fuerza Pública y a otros actores, y para controlar territorios y corredores estratégicos en zonas rurales, incluidos los territorios étnicos. 

Esta contaminación y su singular complejidad suponen una amenaza para la población y continuamente hiere y mata a personas. Provoca confinamientos y desplazamientos, impide el retorno de los desplazados internos y dificulta el acceso a la tierra y a los servicios básicos (agua, educación, salud). En resumen, la presencia de minas bloquea los derechos básicos y el desarrollo socioeconómico. También afecta al espacio y al acceso humanitario y es un impedimento para la paz sostenible.

En línea con el principio de No Dejar a Nadie Atrás, el Programa se centrará en las zonas rurales fuertemente afectadas por contaminación de 13 departamentos y 19 municipios, con altas necesidades humanitarias y desafíos de desarrollo, que han sido priorizados en el Acuerdo de Paz. Incluye territorios étnicos (indígenas y afrocolombianos) que sufren múltiples afectaciones (migración/desplazamiento, desastres naturales, COVID-19, discapacidades).

Beneficiarios directos:

-11.460 personas (47% mujeres y 53% hombres) de comunidades afectadas por minas; incluyendo 2.300 sobrevivientes y personas con discapacidad, y sus cuidadores (principalmente mujeres).

-90 excombatientes.

-Red nacional y regional de supervivientes.

-Autoridad Nacional y autoridades locales involucradas en procesos de AICMA y desarrollo (250 funcionarios públicos).

-2 ONG nacionales: Campaña Colombiana contra Minas (CCCM) y Humanicemos DH.

Beneficiarios indirectos: se estima que 210.862 personas requieren asistencia humanitaria relacionada con AICMA en los 13 departamentos priorizados.

1. Fortalecer la capacidad de los actores involucrados en AICMA (Autoridad Nacional, autoridades locales, socios nacionales e internacionales en el terreno y comunidades) para implementar el Plan Estratégico de Acción contra Minas 2020-2025[1].
   
2. Responder a las necesidades humanitarias y de protección[2] de las poblaciones afectadas por minas (sobrevivientes/víctimas, cuidadores, comunidades) mediante la Educación en el Riesgo de Minas, la Asistencia Integral a Víctimas[3] y el Desminado Civil Humanitario.
3. Promover la recuperación, resiliencia y mejora de las condiciones socioeconómicas de comunidades afectadas por minas mediante el acceso a servicios básicos y soluciones duraderas.
4. Apoyar el diálogo en torno a la política pública, en coordinación con socios y donantes.

_{[1] Puede incluir (a) asistencia técnica a la Autoridad Nacional (OACP) y a las autoridades locales que contribuya a la coordinación del Sector, (b) refuerzo de la capacidad de los socios bilaterales y de las comunidades afectadas por minas y (c) apoyo a las prácticas de evaluación (por ej., post-desminado, Educación en el Riesgo de Minas, Asistencia a Víctimas).}

_{[2] La protección abarca "todas las actividades encaminadas a lograr el pleno respeto de los derechos del individuo conforme a la letra y el espíritu del conjunto normativo pertinente (por ej., las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados. La provisión de protección se entiende como un concepto dinámico, que pasa del apoyo de emergencia/para salvar vidas y sostenerlas, al apoyo en situaciones de crisis prolongadas, la búsqueda de soluciones de protección duraderas y la resiliencia" (definición del IASC). HA_ARI_2.}

_{[3] El Programa apoyará la Asistencia a Víctimas (incluida la asistencia de emergencia y la reparación integral) basándose en un enfoque diferencial y dual "a) mediante esfuerzos específicos de asistencia a las víctimas que beneficien a los supervivientes y a las víctimas indirectas, y b) mediante la asistencia prestada a través de iniciativas de desarrollo, derechos humanos y humanitarias que también incluyan a los sobrevivientes y a las víctimas indirectas entre los beneficiarios" (Estrategia de la Confederación Suiza para la Acción contra Minas 2016-2022).}

Risultati fasi precedenti:  

Suiza contribuye con el sector de AICMA en Colombia desde 2005.

Resultados clave de la Estrategia de Cooperación 2017-20:

• 385'000 m2 despejados y actualmente utilizados para proyectos productivos asociativos e individuales.
• 1'800 sobrevivientes/víctimas, personas con discapacidad y sus cuidadores (45% mujeres), mejoraron sus condiciones socioeconómicas y de salud.
• 12'000 personas mejoraron sus conocimientos sobre los riesgos relacionados con minas y artefactos explosivos.
• Fortalecimiento de la Autoridad Nacional (OACP/Descontamina Colombia).
• Apoyo a las actividades de AICMA a través del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la paz UNMPTF (incluida la reincorporación de firmantes del Acuerdo a través de la ONG Humanicemos).

• Autoridad Nacional de AICMA: Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República (OACP) - Descontamina Colombia.
• Otras instituciones nacionales: Alta Consejería para la Estabilización, Unidad para la Asistencia y Reparación a las Víctimas (UARIV); Ministerio de Salud; Defensoría del Pueblo; Ministerio de la Defensa.
• Instituciones locales: alcaldías, gobiernos locales, administraciones municipales; oficinas del Defensor del Pueblo en el terreno.
• Organizaciones comunitarias y redes de sobrevivientes.
• Consejos étnicos y guardias indígenas.
• Otros actores humanitarios y de desarrollo: el Equipo Humanitario de País (EHP), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD) y UNICEF.
• Otros actores del Sector MA: operadores civiles y militares, donantes y fondos de paz (inc. UNMPTF).
• DPDH, SECO y la División Política de la Embajada.